El gobierno británico afloja la soga a la noche

El gobierno británico, encabezado por el primer ministro Andy Burnham, ha anunciado un plan de alivio financiero de 100 millones de libras anuales diseñado para dar aire fresco al circuito nocturno y al comercio de proximidad en Inglaterra. La medida central de la propuesta establece un recorte del 20% en las business rates (los impuestos locales sobre bienes inmuebles comerciales) para clubs, pubs y salas de música en vivo, una reducción que entrará en vigor a partir de abril de 2027.

Según los datos oficiales presentados por Burnham, la medida impactará directamente a unos 32.000 espacios en todo el territorio inglés. En la práctica, esto se traduce en un ahorro medio de 1.100 libras anuales por recinto durante el ejercicio 2027-2028. Este nuevo descuento se suma al alivio del 15% que ya se había fijado para este año, acumulando un margen de maniobra necesario para recintos golpeados por la subida de alquileres, facturas energéticas y costes operativos.

Sin embargo, el plan impulsado por el nuevo gabinete no está libre de letra pequeña ni de debate dentro de la industria:

Exclusión de las grandes salas: El gobierno ha confirmado que los recintos de gran capacidad (large-scale venues) quedarán fuera de este beneficio, dejando los criterios de elegibilidad exactos para el Autumn Budget de este año. La meta declarada por la administración de Burnham es concentrar la liquidez en la red de salas independientes y el circuito de formato medio o pequeño.

Financiación vía vape shops y comercio online: Para cubrir el coste del paquete sin descuadrar las arcas públicas, el gobierno recortará las exenciones fiscales a negocios considerados de bajo impacto o aporte comunitario —como las tiendas de vapeo— y apretará las tuercas contra la evasión de IVA en plataformas de comercio electrónico.

Críticas por falta de alcance e impacto inmediato: Aunque colectivos como el Music Venue Trust (MVT) han valorado la medida como un primer paso positivo por parte del primer ministro, la industria advierte que la fecha de aplicación (abril de 2027) deja un margen de espera demasiado largo para espacios que operan al límite hoy en día. Además, sectores colindantes como la restauración, hoteles y cafeterías han quedado completamente excluidos del paquete, lo que ha generado protestas por parte de las patronales de hostelería al considerar que el problema no es solo de costes, sino de caída generalizada del consumo en el ocio.